Conformidad penal tras la LO 1/2025: el fin del límite de los 6 años y otras claves del nuevo proceso

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha supuesto una de las reformas más profundas de la justicia penal española en los últimos años. Su pieza estrella es la transformación de la conformidad, una vía de terminación anticipada que ahora se abre a un abanico mucho más amplio de delitos y se rodea de mayores garantías para la persona acusada.

Como abogado penalista, considero imprescindible que tanto profesionales como justiciables comprendan el alcance real de estos cambios. La reforma no solo agiliza los procesos: redefine la estrategia de defensa desde el primer momento de la imputación. A continuación, explico los puntos clave que conviene conocer.

1. Adiós al límite de los 6 años: la gran novedad del artículo 655 LECrim

Hasta ahora, la conformidad estaba sujeta a un techo penológico que limitaba su uso a delitos con penas privativas de libertad de hasta 6 años de prisión. Para penas superiores, el acuerdo entre defensa y acusación carecía de eficacia plena y obligaba a celebrar el juicio oral.

El impacto práctico es enorme: causas por delitos graves contra la vida, salud pública, delitos económicos de cierta entidad o agresiones sexuales podrán resolverse, cuando concurran los requisitos legales y el acuerdo sea libre e informado, sin necesidad de agotar el juicio oral. Esto exige una preparación técnica más cuidadosa por parte de la defensa, ya que cada acuerdo tendrá consecuencias mucho más severas en términos de pena.

2. El escrito conjunto de calificación: una nueva vía para acordar

La reforma introduce un mecanismo que la práctica forense venía reclamando: la posibilidad de presentar un escrito de calificación firmado conjuntamente por las acusaciones (Ministerio Fiscal y, en su caso, acusación particular) y por la defensa junto a la persona acusada.

Este escrito conjunto está sujeto a límites claros:

• No podrá referirse a hechos distintos de los recogidos en el escrito de acusación previo.
• No podrá contener una calificación más grave que la del escrito de acusación anterior.
• Requiere la conformidad expresa del acusado, prestada libremente y con conocimiento de las consecuencias.

El tribunal sigue ostentando un papel de control: si considera que la calificación es incorrecta o que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá a la acusación más grave para que se ratifique o modifique. Solo si el ajuste es correcto y el acusado vuelve a prestar conformidad, se dictará sentencia. En otro caso, se ordena la celebración del juicio.

3. El nuevo papel de la defensa: información por escrito al cliente

Uno de los aspectos que más me parece destacar como letrado es la obligación expresa, recogida ahora en el art. 655.1 LECrim, de que el abogado o la abogada facilite por escrito a la persona defendida la información sobre el acuerdo alcanzado.

«El letrado o la letrada facilitará por escrito a la persona a quien defiende la información sobre el acuerdo alcanzado.» — Art. 655.1 LECrim, redacción tras la LO 1/2025.

No se trata de un mero formalismo. Esta obligación documental refuerza la garantía de que la conformidad se presta de forma libre, informada y consciente, evitando impugnaciones posteriores y blindando la sentencia frente a eventuales recursos por vicios del consentimiento. Para la defensa, supone un cambio de praxis: la negociación deja de ser un acto verbal para convertirse en un proceso trazable y documentado.

4. Audiencia preliminar en el procedimiento abreviado

La LO 1/2025 establece, dentro del procedimiento abreviado, una audiencia preliminar tras la fase de instrucción. Su finalidad es doble:

1. Depurar vicios procesales antes de llegar al juicio oral, evitando nulidades tardías.
2. Fomentar acuerdos de conformidad en una fase temprana, descongestionando los señalamientos de juicio.

Esta audiencia se convierte en un momento estratégico de primer orden. Una defensa bien preparada puede obtener resoluciones favorables sobre cuestiones previas (prescripción, vulneración de derechos fundamentales, sobreseimientos parciales) o cerrar acuerdos en condiciones más ventajosas que en la víspera del juicio.

5. Conformidad de las personas jurídicas: regulación específica

La reforma aborda de forma expresa la conformidad de las personas jurídicas, en línea con la consolidación de la responsabilidad penal corporativa. Sus reglas básicas son:

• La conformidad debe prestarla el representante especialmente designado por la persona jurídica, siempre que cuente con poder especial.
• Puede realizarse con independencia de la posición que adopten las demás personas acusadas (físicas o jurídicas).
• Su contenido no vincula al juicio que se celebre respecto del resto de coacusados.
• Cuando la empresa no contara con un programa de cumplimiento (compliance) previo, podrá igualmente conformarse en la audiencia previa, lo que abre nuevas vías de defensa para sociedades que no implementaron a tiempo modelos de prevención.

6. Otras garantías procesales reforzadas

Junto a las novedades anteriores, conviene retener tres reglas que el nuevo art. 655 incorpora con claridad:

7. ¿Qué implica todo esto en la práctica?

Desde mi experiencia en la defensa penal, la reforma de la conformidad debe leerse en clave estratégica. Algunas conclusiones operativas:

• La conformidad ya no es solo para delitos menores. En causas con penas elevadas, puede ser la mejor salida cuando la prueba de cargo es sólida y existe margen para negociar atenuantes, sustituciones o suspensiones.
• La preparación temprana es decisiva. Llegar a la audiencia preliminar con una posición clara sobre acuerdos y cuestiones previas marcará la diferencia.
• La documentación del consejo legal es ahora obligatoria. El acusado debe recibir por escrito la información sobre el acuerdo, lo que protege a ambas partes.
• Las personas jurídicas tienen una vía clara. Incluso sin compliance previo, pueden negociar la conformidad de forma autónoma respecto de las personas físicas imputadas.