Cuando el instructor cierra la investigación, dicta una resolución que abre la fase intermedia: el auto de conclusión del sumario en el procedimiento ordinario, el auto de continuación o transformación a procedimiento abreviado (art. 779.1.4ª LECrim) en el abreviado, o el auto del art. 26 LOTJ en la causa con jurado. La defensa suele recurrir esas resoluciones —y debe hacerlo si quiere preservar sus derechos—, pero conviene desmontar un mito muy extendido entre la opinión publicada: la sola interposición del recurso no detiene la causa. En la inmensa mayoría de los casos el procedimiento sigue, los plazos corren, y la defensa está obligada a evacuar su escrito de defensa cuando se la emplaza al efecto.

1. El punto de partida: el art. 766.1 LECrim

La regla general en sede de recursos contra autos del Juez de Instrucción es inequívoca. El art. 766.1 LECrim dispone que «contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que no estén exceptuados de recurso podrán ejercitarse el de reforma y el de apelación. Salvo que la Ley disponga otra cosa, los recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del procedimiento».

Esta regla se complementa, en el régimen general del Libro I, con el art. 217 LECrim (apelación admitida en un solo efecto salvo que la ley disponga lo contrario) y con la naturaleza propia del recurso de reforma, que es no devolutivo y no suspensivo. La interposición del recurso, por tanto, no es una llave que paralice la instrucción ni la fase intermedia: es una vía de impugnación que se sustancia en paralelo al avance del procedimiento.

2. Procedimiento ordinario (sumario)

2.1. El auto de conclusión del sumario (art. 622 LECrim)

En el procedimiento ordinario, cuando el instructor estima agotada la investigación, dicta auto declarando concluso el sumario (art. 622 LECrim). Esa resolución, conforme a la jurisprudencia consolidada (entre otras, sentencias del TS disponibles en Poder Judicial), no es directamente apelable: no se prevé en el Capítulo I del Título XI del Libro II de la LECrim recurso de apelación contra el auto que da por terminado el sumario. La impugnación de la conclusión sumarial se canaliza, propiamente, a través del trámite de los arts. 627 y siguientes ante la Audiencia Provincial.

2.2. La regla de suspensión limitada del art. 622, párrafo 3.º LECrim

Aquí sí existe una previsión específica: el art. 622, párrafo 3.º LECrim dispone que la sustanciación de recursos de apelación admitidos en un solo efecto no impedirá nunca la terminación del sumario; pero, al remitir las actuaciones a la Audiencia, ésta deberá suspender la aplicación de los arts. 627 y siguientes hasta que se resuelvan las apelaciones pendientes.

2.3. El trámite del art. 627 LECrim

Una vez remitido el sumario, se da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones por plazo no inferior a 3 ni superior a 10 días. La STC 66/1989, de 17 de abril, integró este trámite con el derecho de defensa y obliga a conferir audiencia también a las defensas. Las partes manifestarán su conformidad o disconformidad con la conclusión y solicitarán la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. La Audiencia, en su caso, resolverá conforme a los arts. 630 a 633 LECrim, sin que la apertura del juicio oral admita recurso (la discusión sobre los indicios típicos quedó zanjada con la fase de procesamiento e impugnaciones de instrucción).

3. Procedimiento abreviado

3.1. El auto de continuación del art. 779.1.4ª LECrim

El auto de transformación o continuación a procedimiento abreviado (art. 779.1.4ª LECrim) es recurrible en reforma y/o apelación conforme al régimen general del art. 766 LECrim. En este procedimiento la reforma es potestativa: cabe apelación directa, o reforma con apelación subsidiaria, o reforma y apelación por separado (arts. 766.2 y 766.4 LECrim). Plazos: 3 días para la reforma (art. 211 LECrim) y 5 días para la apelación (art. 766.3 LECrim).

Pero —y aquí está el quid del asunto— ese recurso no suspende el procedimiento. Es el propio art. 766.1 LECrim el que lo dice. La instrucción concluye, el juez da traslado a las acusaciones por el art. 780 LECrim, éstas presentan en 10 días sus escritos de acusación (o piden sobreseimiento o diligencias complementarias), el juez dicta auto de apertura del juicio oral (art. 783 LECrim) y, una vez emplazado el acusado conforme al art. 784 LECrim, el plazo común de 10 días para presentar el escrito de defensa empieza a correr.

3.2. El auto de apertura del juicio oral (art. 783.3 LECrim)

Frente al auto de apertura del juicio oral del art. 783 LECrim no cabe recurso alguno, salvo en lo relativo a la situación personal del acusado. Las objeciones sustantivas (atipicidad, falta de indicios, vulneración de derechos fundamentales, cosa juzgada, declinatoria de jurisdicción o competencia, etc.) se reservan al trámite de cuestiones previas del art. 786.2 LECrim, al inicio de la vista oral. Insistir en recursos contra el auto de apertura para «ganar tiempo» o para forzar la paralización es un error técnico que el legislador ha cerrado expresamente.

3.3. El escrito de defensa del art. 784 LECrim

Abierto el juicio oral, el LAJ emplaza al encausado por 3 días para designar Abogado y Procurador (si no los tiene ya designados), y a continuación se confiere a la defensa el plazo común de 10 días para presentar el escrito de defensa. Es un plazo preclusivo: si no se presenta, se entiende que la defensa se opone a las acusaciones y el procedimiento sigue su curso (art. 784.1, párrafo 2.º LECrim). La defensa pierde la oportunidad de proponer prueba en su escrito, debiendo aportarla en el acto del juicio (art. 786.2 LECrim) con las limitaciones inherentes.

4. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado

4.1. El auto de incoación y el auto del art. 26 LOTJ

El auto de incoación del procedimiento del jurado (art. 24 LOTJ) y el auto de continuación dictado tras la comparecencia inicial (art. 26.2 LOTJ) son recurribles. Por aplicación supletoria de la LECrim (art. 24.2 LOTJ), procede recurso de reforma y, contra su desestimación, recurso de queja ante la Audiencia Provincial (no recurso de apelación, dada la regulación específica del procedimiento del jurado). Así lo recordó la Circular 4/1995 de la FGE y lo confirma la jurisprudencia (entre otras, STS 478/2010, de 17 de mayo).

Ahora bien, ni el art. 26 LOTJ ni el resto de la LOTJ atribuyen efecto suspensivo a estos recursos. Y la supletoriedad de la LECrim conduce, lisa y llanamente, al art. 766.1 LECrim: los recursos no suspenden el procedimiento.

4.2. El auto de apertura del juicio oral del art. 33 LOTJ

El art. 33 LOTJ regula el contenido del auto de apertura del juicio oral. Contra ese auto no cabe recurso alguno (art. 32.2 in fine LOTJ). Las discrepancias sobre el objeto del juicio, la inclusión o exclusión de hechos justiciables, etc., se reservan al trámite de cuestiones previas del art. 36 LOTJ ante el Magistrado-Presidente, idéntico esquema al del art. 786.2 LECrim para el abreviado.

5. Lo que no es lo mismo: suspensión del procedimiento vs. suspensión del juicio

Cuestión distinta es la suspensión del juicio oral a interesar como cuestión previa al inicio de la vista (art. 786.2 LECrim o art. 36 LOTJ) cuando, llegado ese momento, la apelación o queja siga pendiente y la resolución tenga aptitud para condicionar el objeto del proceso. Incluso en ese supuesto la jurisprudencia es restrictiva: la STS 491/2024, de 29 de mayo, recuerda que el recurso del art. 766 LECrim es en un solo efecto, no suspensivo, y que su sola pendencia no impide la celebración de la vista, sin perjuicio de que, si llega a estimarse, deba retrotraerse el enjuiciamiento del concreto extremo afectado.

6. Estrategia para el penalista: actuar en paralelo

• Recurrir siempre que proceda, en plazo y con motivación específica (no basta invocar genéricamente la «ausencia de indicios»). El recurso preserva la posición procesal para la apelación de sentencia y, en su caso, para el TC.
• Evacuar el escrito de defensa dentro del plazo del art. 784 LECrim aunque haya recursos pendientes. La preclusión es real y la pérdida de prueba en el escrito es costosa.
• Reservar las cuestiones procesales (vulneración de derechos fundamentales, indebida adecuación del procedimiento, declinatoria, prejudicialidad, cosa juzgada, prescripción) para el trámite del art. 786.2 LECrim o art. 36 LOTJ.
• Solicitar de manera subsidiaria la suspensión sólo cuando exista base legal específica o cuando la pendencia del recurso comprometa de modo manifiesto la efectividad de la tutela judicial (art. 24 CE). Ofrecer al órgano una solución técnicamente viable, no una petición genérica.
• Pedir aclaración o complemento del auto cuando contenga oscuridades, antes de recurrir, para fortalecer la apelación o la queja.

7. Cronología de la fase intermedia (procedimiento abreviado)

1. Auto de continuación (art. 779.1.4ª LECrim) Cierra las diligencias previas y abre la fase intermedia. Recurrible en reforma (3 días) y/o apelación (5 días). Sin efecto suspensivo.
2. Traslado a las acusaciones (art. 780 LECrim) Plazo común de 10 días para que el Fiscal y las acusaciones formulen escrito de acusación, pidan sobreseimiento o diligencias complementarias.
3. Auto de apertura del juicio oral (art. 783 LECrim) Inrecurrible, salvo en lo relativo a la situación personal del acusado (art. 783.3 LECrim).
4. Emplazamiento al encausado (art. 784.1 LECrim) 3 días para designar Abogado y Procurador si no estaban designados.
5. Escrito de defensa (art. 784.1, párrafo 2.º LECrim) 10 días preclusivos. Su no presentación equivale a oposición a las acusaciones, pero con grave penalización probatoria.
6. Remisión al órgano de enjuiciamiento (art. 784.5 LECrim) El Juzgado de Penal o la Audiencia Provincial reciben las actuaciones y convocan a las partes a la audiencia preliminar y al juicio oral.

8. Formularios procesales para el abogado defensor

A continuación se ofrecen tres modelos de escrito ajustados a los trámites más habituales en esta fase. Son plantillas orientativas que deben adaptarse al caso concreto, a la doctrina de la Audiencia competente y a las circunstancias procesales específicas de cada cliente.

9. Conclusión crítica

El sistema procesal español ha optado, deliberadamente, por separar la impugnación y la continuidad del procedimiento. Esa decisión legislativa, plasmada con toda claridad en el art. 766.1 LECrim, responde a un equilibrio razonable: garantizar el derecho al recurso sin convertirlo en un instrumento dilatorio. Las defensas tienen derecho —y deber técnico— de impugnar todas las resoluciones que consideren contrarias a Derecho, pero el procedimiento no se detiene mientras tanto. Cualquier petición de suspensión que no se apoye en una previsión legal específica —y que pretenda extraerse de una invocación genérica al art. 24 CE— es procesalmente débil y, salvo casos verdaderamente excepcionales, está condenada al rechazo.

La estrategia defensiva eficaz es justamente la opuesta: recurrir y, en paralelo, evacuar los trámites en plazo. Lo demás es, en el mejor de los casos, un ejercicio de táctica procesal con escasa fundamentación jurídica.