Los antecedentes policiales son registros internos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que conservan información sobre personas vinculadas a denuncias, detenciones, identificaciones o investigaciones. Se almacenan en bases de datos como PERPOL en la Policía Nacional, INTPOL en la Guardia Civil y ficheros equivalentes de las policías autonómicas. A diferencia de los antecedentes penales —que dependen del Ministerio de Justicia y exigen sentencia condenatoria firme—, los policiales no requieren condena alguna y pueden suprimirse cuando concurren los presupuestos legales que la normativa de protección de datos contempla.

Antecedentes penales y antecedentes policiales: una distinción esencial

Conviene fijar de partida la diferencia, porque su confusión es la primera fuente de errores estratégicos. Los antecedentes penales únicamente se generan tras una sentencia condenatoria firme y se inscriben en el Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. Los antecedentes policiales, en cambio, se generan automáticamente con la mera intervención policial —denuncia, detención, imputación, identificación reseñada— y permanecen en ficheros de gestión interna del cuerpo actuante.

Aspecto	Antecedentes Penales	Antecedentes Policiales
Origen	Sentencia condenatoria firme	Cualquier intervención policial: denuncia, detención, identificación
Órgano gestor	Registro Central de Penados — Ministerio de Justicia	PERPOL (CNP), INTPOL (GC), ficheros autonómicos
Marco normativo	LO 7/2014 · RD 95/2009 · arts. 136 y 137 CP	LO 7/2021 · LOPDGDD · RGPD · Instrucciones internas
Cancelación	Plazos legales del art. 136 CP tras cumplimiento	Derecho de supresión a instancia del interesado
Acceso de terceros	Certificado expedido al interesado o autoridades	Uso interno policial, no certificable a terceros

Marco legal de la supresión

El derecho a la cancelación de los antecedentes policiales se fundamenta en un sistema normativo de tres niveles. En el plano europeo, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) consagra el derecho de supresión en su artículo 17 y la Directiva (UE) 2016/680 regula específicamente el tratamiento de datos personales por las autoridades policiales. En el plano interno, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, traspone esa directiva y constituye hoy la norma central sobre tratamiento de datos en el ámbito policial. Junto a ella, la LOPDGDD (LO 3/2018) actúa como marco general subsidiario.

La supresión procede, en síntesis, cuando los datos ya no son necesarios para la finalidad que justificó su recogida, cuando el procedimiento judicial subyacente concluyó sin condena, o cuando ha transcurrido el plazo de conservación previsto. Tras un sobreseimiento libre, una absolución o la cancelación de los antecedentes penales correspondientes a una condena ya cumplida, la legitimación para mantener el dato decae y el ciudadano puede exigir su eliminación.

Verificación previa: qué consta y dónde

Antes de iniciar cualquier solicitud, es imprescindible determinar qué información existe y en qué cuerpo policial. Esta verificación se realiza ejercitando el derecho de acceso previsto en el artículo 15 RGPD y desarrollado en la LO 7/2021. El interesado puede dirigir la solicitud al delegado de protección de datos del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil o de la policía autonómica correspondiente, y obtendrá relación de los ficheros donde aparece y de la información concreta tratada.

Solo con ese mapa preciso se puede diseñar una estrategia eficaz: en muchas ocasiones los datos figuran en varios ficheros simultáneamente —Policía Nacional y Guardia Civil, por ejemplo— y omitir uno de ellos deja la cancelación incompleta.

Documentación necesaria

La preparación documental es determinante para evitar requerimientos de subsanación y agilizar la resolución. Como mínimo conviene reunir:

• Documento identificativo del solicitante: DNI, NIE o pasaporte en vigor.
• Resolución judicial firme que cierre el procedimiento: auto de sobreseimiento libre o provisional, sentencia absolutoria o auto de archivo, con expresa constancia de firmeza.
• Datos identificativos del atestado policial: número, cuerpo actuante, fecha y lugar de los hechos.
• Certificado de cancelación de antecedentes penales si la causa terminó en condena ya extinguida.
• Justificantes de cumplimiento de la pena cuando proceda (liquidación, certificado de cumplimiento, indulto, etc.).
• Poder notarial o apud acta si actúa representante legal o letrado.

Procedimiento ante la Policía Nacional (PERPOL)

La solicitud se dirige a la Dirección General de la Policía y se presenta mediante el formulario habilitado en la sede electrónica del Ministerio del Interior, en cualquier comisaría con registro o por correo postal con acuse de recibo. El escrito debe identificar con precisión los datos a suprimir, exponer los motivos jurídicos —resolución judicial favorable, transcurso del plazo de conservación, ausencia de finalidad legítima— y acompañar la documentación íntegra.

El plazo legal de resolución es de un mes, prorrogable por otros dos cuando la complejidad o el número de solicitudes lo justifique (art. 12.3 RGPD). La resolución estimatoria implica la eliminación efectiva del dato y debe notificarse al interesado. La denegación, expresa o presunta, abre las vías de impugnación que se exponen más adelante.

Procedimiento ante la Guardia Civil (INTPOL) y policías autonómicas

Para la Guardia Civil, el trámite es paralelo y se canaliza a través de su sede electrónica o de los puestos territoriales, con idéntica documentación. La fragmentación competencial obliga a presentar solicitudes independientes en los cuerpos autonómicos cuando estos hayan tratado los datos: Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Policía Canaria. Cada uno dispone de canal propio y de delegado de protección de datos específico.

Una limpieza eficaz exige cubrir todos los cuerpos que hayan intervenido. No basta con cancelar PERPOL si el atestado lo levantó la Guardia Civil, ni viceversa.

Pasos del procedimiento de cancelación

1. Verificación previa Ejercicio del derecho de acceso para identificar todos los ficheros donde figuran los datos del interesado y los cuerpos policiales que los han tratado.
2. Obtención de la resolución judicial firme Solicitar al juzgado el auto o sentencia con nota de firmeza, así como copia íntegra del atestado para identificar referencias administrativas.
3. Preparación del expediente Reunir la documentación completa, redactar el escrito fundado en derecho y articular la pretensión de supresión con cita expresa del marco normativo aplicable.
4. Presentación simultánea ante todos los cuerpos Registrar la solicitud en la Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas que correspondan, conservando acuse de cada presentación.
5. Seguimiento y respuesta Vigilar el cumplimiento del plazo de un mes, requerir resolución expresa si fuese necesario y verificar materialmente la supresión mediante un nuevo derecho de acceso.
6. Vías de impugnación Ante denegación, formular reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, recurso contencioso-administrativo conforme a la LJCA.

Vías de impugnación

Si la solicitud es desestimada —expresa o presuntamente— el interesado dispone de tres vías sucesivas o alternativas. En primer lugar, reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), conforme a los artículos 63 y siguientes de la LOPDGDD, con plazo de un año desde la respuesta o desde el transcurso del plazo de resolución. En segundo lugar, recurso de alzada ante el órgano jerárquicamente superior cuando la normativa específica lo prevea. En tercer lugar, recurso contencioso-administrativo ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la notificación del acto expreso o de seis meses desde la presunta desestimación.

Mantener copia íntegra de cada escrito presentado y exigir acuse de recibo es esencial para acreditar el dies a quo de los plazos y la diligencia procesal del interesado.

Casos reales: dos cancelaciones notificadas hoy

Compartimos dos asuntos del despacho que ilustran el resultado del procedimiento. Un cliente de Murcia se enfrentó a una denuncia por agresión sexual que terminó en sobreseimiento provisional por falta de pruebas. Un segundo cliente fue absuelto en un procedimiento por delito de lesiones. En ambos casos recopilamos la resolución judicial firme, los datos identificativos del atestado y los documentos personales, presentamos las solicitudes ante PERPOL e INTPOL y, transcurridos los plazos correspondientes, recibimos resoluciones estimatorias con eliminación íntegra de los datos.

Hoy mismo hemos notificado a ambos clientes la supresión de sus antecedentes policiales. Liberados de cualquier carga registral, pueden proseguir su vida personal y profesional sin el lastre administrativo de un procedimiento que ya nunca debió pesar sobre ellos.

Para Carlos CR el trabajo del abogado penalista no termina con una absolución, ni con un sobreseimiento, ni siquiera con el cumplimiento de la condena. Termina cuando hemos borrado el último rastro del proceso. Despacho Carlos CR — Filosofía profesional

Conclusión

La cancelación de los antecedentes policiales es la última fase —y muchas veces la más olvidada— de la defensa penal integral. Su correcta tramitación exige conocer la diferencia entre antecedentes penales y policiales, identificar todos los ficheros implicados, fundamentar jurídicamente la supresión sobre la LO 7/2021, la LOPDGDD y el RGPD, y gestionar simultáneamente las vías administrativas ante cada cuerpo policial. Cuando se hace bien, el resultado es la desaparición material del proceso en los registros del Estado y la plena restitución del ciudadano a su situación previa.