La pregunta ya no es si la inteligencia artificial entrará en los tribunales, sino cuánto y con qué garantías. España afronta hoy una paradoja inquietante: el Ministerio de Justicia despliega Microsoft Copilot entre sus funcionarios, la Fiscalía y el CGPJ pilotan asistentes que redactan borradores de sentencias y los despachos diseñan sus propios sistemas adaptados al juicio, mientras la digitalización clásica del expediente judicial aún no se ha cerrado del todo. Y, en paralelo, los primeros casos de alucinaciones de la IA —sentencias y citas inventadas— ya han llegado a juzgados de Ceuta, Canarias y Navarra.

Un Ministerio de Justicia que apuesta por la IA generativa

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lleva años incorporando inteligencia artificial a su día a día. Ya están operativos servicios como la anonimización automatizada de documentos, la clasificación documental, el resumen automatizado de resoluciones en lenguaje claro y un buscador inteligente llamado Delfos, que permite localizar información en documentos legales mediante consultas en lenguaje natural.

El paso más reciente y disruptivo se sitúa, sin embargo, en otro nivel. Según ha explicado Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, el verdadero avance no es la automatización de la burocracia, sino dotar a jueces, magistrados y fiscales de asistentes de IA generativa —similares a ChatGPT o Copilot, pero en entornos seguros— capaces de rastrear y responder preguntas en tiempo real sobre expedientes masivos. El objetivo, afirma, es doble: evitar que la Administración de Justicia quede en desventaja frente a los grandes despachos, que ya utilizan estas herramientas, y facilitar el manejo de las llamadas macrocausas.

Estas iniciativas se apoyan en una base normativa concreta: el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que en su Capítulo VII regula las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas (artículos 56, 57 y 58), abriendo la puerta al uso de IA como apoyo en actuaciones jurisdiccionales. Sobre ese andamiaje, el CTEAJE aprobó en junio de 2024 la Política de uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, que fija principios de transparencia, supervisión humana, control de calidad y formación.

La Fiscalía, los borradores de sentencias y los pilotos sectoriales

La Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial participan en el llamado Censo de iniciativas de IA, donde se recogen los proyectos en marcha. Entre ellos destaca el desarrollo, con apoyo del CENDOJ, de un sistema para la elaboración de borradores de sentencias, en una primera fase orientado especialmente a los juzgados de lo mercantil. La idea es clara: que la IA prepare un primer texto que el juez revisa, corrige y asume como propio. La decisión sigue siendo humana, pero la mecánica del trabajo cambia por completo.

En el ámbito de la seguridad vial —una de las áreas más sensibles desde el punto de vista penal—, la Fiscalía especializada lleva años unificando criterios sobre atestados y delitos contra la seguridad del tráfico, con la finalidad declarada de evitar que ante un mismo tipo de imprudencia haya sentencia condenatoria en un sitio y archivo en otro. Sobre esta base de homogeneización, los proyectos piloto de IA en el ámbito vial buscan ayudar a clasificar atestados, identificar patrones e indicios relevantes y agilizar la calificación jurídica de los hechos.

Paralelamente, la DGT ha comenzado a usar cámaras con IA en accesos a Madrid y Barcelona, capaces de detectar maniobras irregulares y generar multas de forma automatizada, y existen otros proyectos sobre auditoría algorítmica del estado de las carreteras y de la señalización. Aunque no son estrictamente de la Fiscalía, todos ellos terminan alimentando el material probatorio que después llega a los tribunales penales y de tráfico.

La abogacía monta sus propios sistemas para no fallar en juicio

El sector privado avanza en paralelo. Según el informe Legal AI View 2026 elaborado por la consultora Foqum Analytics, las editoriales jurídicas son el grupo más maduro (con una puntuación de 7 sobre 10), mientras que los departamentos jurídicos corporativos y las grandes firmas se sitúan en torno a 4 puntos. Los despachos, en general, destinan entre un 2 % y un 5 % de su presupuesto tecnológico a proyectos de IA. Algunas plataformas especializadas en derecho, como Prudencia.ai, ya superan los 2.000 profesionales usuarios en España.

Los usos más frecuentes —los que el abogado utiliza ya cada día— son:

• Búsqueda y análisis de jurisprudencia mediante motores semánticos, mucho más rápidos que las bases tradicionales.
• Resumen de sentencias y expedientes voluminosos, especialmente útil en macrocausas y procedimientos penales complejos.
• Transcripción y resumen de audiencias y vistas, lo que reduce drásticamente el tiempo de preparación.
• Anonimización y pseudonimización de datos sensibles para cumplir con protección de datos.
• Revisión y redacción asistida de escritos, contratos y dictámenes, siempre con supervisión humana.

El Consejo General de la Abogacía Española presentó el 29 de enero de 2026 el Libro Blanco «Inteligencia Artificial y Abogacía», llamado a guiar al sector en el uso responsable de estos sistemas. La advertencia que se repite en todos los foros es la misma: la IA es una herramienta de apoyo, no un sustituto del criterio jurídico del letrado, y su uso sin verificación puede tener consecuencias serias en juicio.

Las «alucinaciones» ya han llegado a los tribunales españoles

La cara oscura de la revolución también es real. Según ha informado El Economista, ya se han documentado en torno a 800 casos en todo el mundo en los que profesionales han incorporado a sus escritos jurisprudencia inventada por la IA. España no es ajena: los juzgados de Ceuta, Canarias y Navarra son los primeros en haber detectado este fenómeno.

• En Ceuta, un abogado interpuso una reclamación ante el CGPJ porque el titular del Juzgado de Instrucción n.º 5 había basado un auto en un escrito de la Fiscalía que contenía jurisprudencia inexistente del Tribunal Supremo.
• En Canarias, el TSJ acordó investigar la posible vulneración de la buena fe procesal por parte de un letrado que citó sentencias e informes inexistentes, generados con herramientas de IA y utilizados sin verificación.
• En Navarra, un abogado introdujo en una querella una cita del Código Penal… pero colombiano. El TSJN archivó las investigaciones tras reconocer el letrado el error.

Como resume Ángel Sancho, director de IA y sistemas de información legal en Lefebvre, las tres alucinaciones más frecuentes en el ámbito judicial son inventar sentencias, generar entrecomillados o citas que no existen y forzar la interpretación de la jurisprudencia. En manos descuidadas, la IA generativa puede acabar comprometiendo la calidad de las resoluciones y la confianza en el sistema.

La respuesta del CGPJ: la Instrucción 2/2026

Ante este panorama, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó, mediante Acuerdo de 28 de enero de 2026 (BOE n.º 27, de 30 de enero), la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Sus líneas maestras son contundentes:

La Instrucción tiene, sin embargo, una limitación importante: se dirige solo a jueces y magistrados. No regula directamente el uso por fiscales, letrados de la Administración de Justicia ni abogados, lo que genera un cierto vacío en la coherencia del sistema. La supervisión específica del cumplimiento del Reglamento europeo de IA en el ámbito judicial corresponderá a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del propio CGPJ.

Ventajas e inconvenientes: una balanza con dos platillos

Llegados a este punto conviene poner orden. ¿Qué gana y qué pierde cada actor del sistema con la entrada masiva de la IA?

Para la Administración de Justicia

Para el justiciable

Para el abogado

El orden de los factores: ¿revolución antes de terminar la digitalización?

Hay una crítica de fondo, compartida por buena parte del sector, que conviene poner sobre la mesa: España está acometiendo una revolución de IA antes de haber completado la digitalización básica de su justicia. Aún arrastramos sistemas de gestión procesal distintos por comunidad autónoma, problemas de interoperabilidad, expedientes mixtos papel-digital, dificultades de acceso a Carpeta Justicia y una sobrecarga estructural de los juzgados.

Sobre ese terreno irregular se intenta construir un piso tecnológico sofisticado. El riesgo es evidente: si la base está mal asentada, los problemas no desaparecen con la IA —se amplifican—. Una IA alimentada con expedientes incompletos, mal anonimizados o mal clasificados produce resultados peores, no mejores. De ahí la importancia de que el despliegue se haga con prudencia, formación, auditoría y, sobre todo, con la supervisión humana cualificada en el centro del proceso.

Conclusión: el papel del abogado en la era de los algoritmos

¿Podrá la IA poner sentencias? Hoy, en España, la respuesta jurídica es clara: no. La IA puede preparar borradores, organizar información y agilizar tareas, pero no puede dictar la sentencia. Esa potestad sigue siendo, por mandato constitucional y por la propia Instrucción 2/2026 del CGPJ, exclusivamente humana.

Lo que sí va a cambiar —y muy rápido— es el modo en que jueces, fiscales y abogados trabajan. Quien sepa usar bien estas herramientas será más eficaz; quien las use mal o sin verificación se expondrá a errores graves; y quien las ignore quedará desplazado del mercado. Para el ciudadano que se enfrenta a un procedimiento penal, civil o de tráfico, el factor decisivo seguirá siendo el mismo de siempre: contar con un abogado que conozca bien la materia, supervise lo que firma y defienda su caso con criterio jurídico propio, apoyado —cuando proceda— en la mejor tecnología disponible.