Cuándo procede la requisitoria al acusado y cuándo basta con notificar al Procurador
El régimen de notificaciones del artículo 784.4 LECrim, la doctrina del Tribunal Supremo y las trampas procesales que pueden costarle el juicio en ausencia.
La frontera entre notificar al Procurador y emitir requisitoria de busca y captura contra el acusado no es una cuestión menor: marca la diferencia entre que un juicio se celebre con normalidad o que se paralice sine die, y, en no pocas ocasiones, entre una condena en ausencia y la nulidad de actuaciones por indefensión. El artículo 784.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal traza esa línea con aparente claridad, pero la práctica forense demuestra que su aplicación exige una lectura quirúrgica.
El precepto: artículo 784.4 LECrim
El tenor literal del precepto es inequívoco: «Si, abierto el juicio oral, los acusados se hallaren en ignorado paradero y no hubieren hecho la designación de domicilio a que se refiere el artículo 775 y, en cualquier caso, si la pena solicitada excediera de los límites establecidos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 786, el Juez mandará expedir requisitoria para su llamamiento y busca, declarándolos rebeldes».
De su lectura sistemática con los artículos 775 y 786 LECrim se extrae una regla doble que conviene retener:
La doble regla del artículo 784.4 LECrim
Primera regla: Si el acusado designó domicilio en su primera comparecencia (art. 775 LECrim) y la pena solicitada no excede de dos años de prisión (o seis años si es pena de distinta naturaleza), basta con notificar a su representación procesal. No procede expedir requisitoria.
Segunda regla: Si la pena solicitada excede de esos límites, el Juzgado debe necesariamente expedir requisitoria para su búsqueda y captura, sin que pueda remitirse la causa a enjuiciamiento hasta que el acusado sea hallado y se le notifique personalmente.
La ratio decidendi: el domicilio designado en sede del 775 LECrim
Aquí está la piedra angular del sistema. El procedimiento abreviado, inspirado en principios de celeridad y simplicidad, no exige al órgano judicial perseguir al investigado por toda la geografía nacional. El lugar de notificación queda dibujado explícitamente en un momento procesal preciso: la primera comparecencia del investigado ante el Juzgado.
En ese instante —y así lo recuerda el Auto número 254/2025, de 10 de abril, de la Audiencia Provincial (Sección 1ª) de Vizcaya— el órgano instructor debe requerir al investigado para que designe un domicilio en España en el que se practicarán todas las notificaciones futuras. Desde ese momento, el destino de las comunicaciones procesales está fijado.
Las dos vías cuando la notificación resulta negativa
Intentada la notificación en el domicilio designado y resultando ésta infructuosa, se abren dos caminos perfectamente diferenciados:
Pena ≤ 2 años de prisión
Basta con dar traslado de las actuaciones a la representación legal del acusado. La causa de la no notificación personal es ajena al funcionamiento del Juzgado: el acusado se ha colocado voluntariamente en situación de indisponibilidad procesal. No procede requisitoria.
Pena > 2 años de prisión
El Juzgado instructor debe expedir requisitorias para la búsqueda y captura del acusado. La causa no puede remitirse para enjuiciamiento mientras no sea hallado y se haya procedido a la notificación personal. La rebeldía es la consecuencia natural.
El auto de apertura del juicio oral: ¿notificación personal o al Procurador?
Cuestión distinta y de calado constitucional es la que aborda la Sentencia número 778/2023, de 18 de octubre, del Tribunal Supremo. El artículo 784 LECrim no exige expresamente la notificación personal del auto de apertura del juicio oral al acusado; basta con el emplazamiento a través del Procurador conforme al artículo 182 LECrim.
Sin embargo —y aquí reside la cautela que todo penalista debe interiorizar— el verbo empleado por el legislador es «podrán». Lo que significa que nada impide que las notificaciones también puedan hacerse de forma personal en función de su trascendencia y de las circunstancias concurrentes.
Existe una sólida posición doctrinal que considera que, dada la relevancia del auto de apertura del juicio oral —pues determina los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y las pretensiones acusatorias—, su notificación personal al encausado resulta exigible para evitar situaciones de indefensión, especialmente cuando se baraja la posibilidad de un juicio en ausencia.
Conclusión práctica: aun cuando el investigado haya designado domicilio en sede del artículo 775.1 LECrim, no cabrá la celebración del juicio en ausencia si no se acredita el conocimiento efectivo de la acusación formulada en su contra. Es aquí donde la defensa técnica adquiere un protagonismo decisivo.
El iter procesal de la requisitoria
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Primera comparecencia (art. 775 LECrim)
El investigado es requerido para designar domicilio a efectos de notificaciones. Este es el momento procesal capital: lo aquí designado vincula todas las comunicaciones futuras.
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Intento de notificación en el domicilio designado
El Juzgado debe intentar la notificación —típicamente por correo certificado con acuse de recibo del artículo 166 LECrim— en el domicilio fijado. Si la carta queda sin retirar tras dejar aviso en el buzón, el intento se entiende cumplido.
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Bifurcación en función de la pena
Si la pena solicitada no excede de dos años: traslado al Procurador y continuación del procedimiento. Si excede: expedición de requisitoria conforme al artículo 835.1 LECrim.
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Requisitoria y plazo de 10 días
La requisitoria puede incluir orden de ingreso en prisión, de detención o simplemente de búsqueda (art. 837 LECrim). Transcurridos 10 días sin comparecencia, procede la declaración de rebeldía.
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Localización y notificación personal
Hallado el acusado, se procede a la notificación personal del escrito de acusación y del auto de apertura, reactivándose el procedimiento desde el punto en que quedó paralizado.
El estándar del error judicial: una valla muy alta
El Tribunal Supremo, en la citada Sentencia 778/2023, recuerda con contundencia que no existe error judicial cuando el tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica. La calificación de error judicial se reserva a supuestos especiales, cualificados, en los que se advierta una desatención del juzgador por contradecir lo evidente o por aplicar normas inexistentes.
De ahí la importancia capital de una defensa técnica diligente desde la primera comparecencia: una vez fijado el domicilio y desplegada la maquinaria procesal del 784.4 LECrim, las puertas para denunciar errores ulteriores se estrechan considerablemente.
Claves operativas para la defensa
- Designar siempre un domicilio efectivamente operativo en la primera comparecencia y comunicar de inmediato cualquier cambio al Juzgado, dejando constancia documental.
- Verificar la pena solicitada por la acusación: si supera los dos años, la requisitoria es preceptiva y cualquier omisión vicia el procedimiento.
- Comprobar que el intento de notificación se ajustó al artículo 166 LECrim: correo certificado con acuse de recibo y constancia del aviso en el buzón.
- Reclamar la notificación personal del auto de apertura del juicio oral cuando se proyecte la celebración del juicio en ausencia, invocando la doctrina del TS 778/2023.
- Activar la nulidad de actuaciones (art. 238 LOPJ) cuando se hayan omitido trámites esenciales que generen indefensión material y no meramente formal.
¿Por qué importa esto en la práctica?
Un acusado mal asesorado puede ver cómo se celebra un juicio en ausencia y se le impone una condena que, ulteriormente, será extremadamente difícil de revertir. La diferencia entre acudir al juicio con todas las garantías y enfrentarse a una sentencia firme dictada sin oírle se juega, muchas veces, en la correcta lectura técnica del artículo 784.4 LECrim. Por eso resulta crítico contar con un letrado especializado que conozca a fondo el régimen de notificaciones del procedimiento abreviado.
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- Auto número 254/2025, de 10 de abril, de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 1ª).
- Sentencia número 778/2023, de 18 de octubre, del Tribunal Supremo (Sala Segunda).
- Ley de Enjuiciamiento Criminal: artículos 166, 182, 238 LOPJ, 775, 784, 786, 834, 835 y 837.
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