En el ámbito del proceso penal, uno de los debates más relevantes para la estrategia de defensa es el momento procesal hábil para la proposición de medios probatorios. La Sentencia del Tribunal Supremo 4626/2021, de 17 de diciembre, reafirma una jurisprudencia consolidada que admite, con carácter excepcional, la proposición de pruebas al inicio del juicio oral en el procedimiento ordinario, matizando una interpretación rigurosamente preclusiva de los artículos 656, 728 y 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Marco normativo y evolución jurisprudencial

Tradicionalmente, la LECrim configuraba el momento procesal para la proposición de prueba en la fase de conclusiones provisionales, bajo un criterio estricto de preclusión. Conforme al artículo 656 LECrim para el procedimiento ordinario y al artículo 786.2 LECrim para el procedimiento abreviado, las partes debían concretar en sus escritos los medios probatorios de que intentaban valerse, con efecto preclusivo respecto de los no propuestos.

Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han flexibilizado esta interpretación al admitir, excepcionalmente, la proposición de pruebas al inicio del juicio oral, siempre que puedan practicarse en el acto y concurran determinados presupuestos materiales. Esta doctrina se asienta en pronunciamientos consolidados como la STS 1060/2006, de 11 de octubre, la STS 60/1997, de 25 de enero, la STS 94/2007, de 14 de febrero, y, en lo que respecta al Tribunal del Jurado, en el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado (LOTJ), que refuerza expresamente esta posibilidad siempre que no se lesione el derecho de defensa ni se incurra en dilaciones indebidas.

Fundamento de la flexibilización procesal

El Tribunal Supremo justifica esta interpretación flexible en la búsqueda de la verdad material como principio rector del proceso penal y en el correlativo derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE). En palabras de la propia STS 4626/2021:

Se ha optado por una interpretación flexible de las normas procesales que, garantizando el respeto por los principios y las reglas esenciales del proceso y por los derechos de las partes, contribuya, al mismo tiempo, a un mayor esclarecimiento de los hechos, superando un entendimiento rígido de los formalismos que pudiera resultar injustificado. STS 4626/2021, de 17 de diciembre

Se prioriza así el principio de efectividad sobre el formalismo estricto, sometiendo la apertura excepcional al cumplimiento de tres condiciones: que no se vulneren las garantías procesales, que la prueba pueda practicarse de inmediato sin generar dilación, y que existan razones objetivas que expliquen por qué no se propuso anteriormente.

Requisitos para la admisión de nuevas pruebas en juicio oral

La flexibilización jurisprudencial no abre una vía indiscriminada de proposición tardía. La Sala Segunda exige el cumplimiento de presupuestos materiales y formales que el tribunal sentenciador debe valorar de manera motivada:

Requisito	Contenido
Pertinencia	La prueba debe guardar relación directa con el objeto del proceso y con los hechos controvertidos.
Relevancia	Debe poseer aptitud para influir en el fallo, no ser superflua ni meramente confirmatoria de extremos pacíficos.
Necesidad	Debe ser imprescindible para el esclarecimiento de los hechos o para sostener la pretensión de la parte.
Posibilidad	Practicable en el acto, sin requerir suspensión, comisión rogatoria u otras actuaciones diferidas.
Justificación	La parte debe motivar por qué no se propuso en la fase ordinaria de conclusiones provisionales.
No indefensión	La parte contraria debe poder impugnar la prueba, contrainterrogar al testigo o perito y articular contraprueba.

Derechos fundamentales en juego

La denegación injustificada de prueba pertinente al inicio del juicio oral no es una incidencia menor: compromete el núcleo de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos y abre la puerta a la nulidad del procedimiento.

Derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE)

La negativa del tribunal a admitir prueba propuesta en el juicio oral, sin justificación material suficiente, genera indefensión efectiva al impedir al acusado articular su defensa con plenitud. El Tribunal Supremo —entre otras, en la STS 4626/2021, la STS de 21 de abril de 2005 y la STS de 26 de enero de 2007— ha reiterado que la inadmisión injustificada de pruebas pertinentes vulnera este derecho cuando aquéllas hubieran podido influir en el resultado del fallo.

Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

El órgano judicial incumple su deber constitucional de garantizar un juicio justo cuando rechaza prueba sin valorar de modo razonado su pertinencia, relevancia y necesidad. La motivación es exigencia estructural de la tutela judicial: sin ella, la decisión deviene arbitraria y procede su nulidad.

Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE y art. 6.2 CEDH)

La indefensión generada por la inadmisión socava la capacidad del acusado para refutar la acusación, alterando indebidamente el reparto de la carga probatoria que rige en el proceso penal. La presunción de inocencia exige no solo que el Estado pruebe la culpabilidad, sino que el acusado pueda contradecir la prueba acusatoria con todos los medios pertinentes.

Derecho a un juicio justo (art. 6.1 CEDH y art. 14.1 PIDCP)

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha consolidado el principio de igualdad de armas como pilar del juicio justo, exigiendo que ambas partes dispongan de oportunidades efectivas y equivalentes para presentar su caso. La rigidez procesal que excluye prueba pertinente sin razón suficiente vulnera ese estándar convencional.

Consecuencias jurídicas de la inadmisión injustificada

1. Nulidad del juicio oral y de la sentencia Conforme a los artículos 238.3 y 240 LOPJ y 241 LECrim, la vulneración del derecho fundamental a la prueba determina la nulidad de pleno derecho de las actuaciones afectadas, con retroacción al momento procesal en que se cometió la infracción.
2. Repetición del juicio con plenas garantías Se ordena la celebración de nueva vista oral en la que el acusado pueda proponer y practicar la prueba indebidamente rechazada, en línea con la jurisprudencia consolidada (STS de 29 de septiembre de 1998, STS 1060/2006, STS 4626/2021).
3. Recursos disponibles Recurso de casación por infracción de precepto constitucional (art. 852 LECrim) y, agotada la vía ordinaria, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los arts. 24.1 y 24.2 CE.
4. Eventual responsabilidad disciplinaria En supuestos de actuación negligente especialmente grave, podría concurrir responsabilidad disciplinaria conforme al artículo 411 LOPJ, sin perjuicio de la posible responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121 CE).
5. Impacto en la jurisprudencia futura Cada pronunciamiento estimatorio refuerza la doctrina que sitúa la búsqueda de la verdad material por encima de los formalismos preclusivos rígidos.

Estrategia procesal de la defensa

Hacia un proceso penal más efectivo

La doctrina consolidada por la STS 4626/2021 refleja una tendencia inequívoca hacia un proceso penal más flexible y orientado a la verdad material, sin renunciar a las garantías estructurales. La interpretación finalista de los artículos 656, 728 y 786.2 LECrim impide que rigideces procedimentales obstaculicen la justicia, dentro siempre de un marco de seguridad jurídica que exige motivación, contradicción y proporcionalidad.

La sentencia analizada no introduce excepciones laxas: consolida un equilibrio entre formalismo y flexibilidad que refuerza el contenido esencial de la tutela judicial efectiva y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Para el operador jurídico, la lectura es clara: el momento de proposición sigue siendo el de conclusiones provisionales, pero la denegación de prueba propuesta al inicio del juicio oral exige una motivación material reforzada, sin la cual el procedimiento adolecerá de un vicio determinante de nulidad.

Conclusión

La vulneración del derecho fundamental a la prueba —en sus dimensiones de tutela judicial efectiva, defensa con todas las garantías y presunción de inocencia— no solo determina la nulidad de la sentencia condenatoria, sino que impone la repetición del juicio para corregir el defecto procesal. El caso resuelto por la STS 4626/2021 ejemplifica con nitidez cómo los formalismos no pueden anteponerse a la justicia material, conforme exige la doctrina constitucional y el principio de proporcionalidad. Para la defensa penal, esta doctrina constituye una herramienta estratégica de primer orden, cuya invocación oportuna y técnicamente solvente puede revertir condenas dictadas con prueba incompleta.